Siguen los abusivos privilegios de los políticos a pesar de la grave crisis económica

Lola Sancho Cabrera

La convivencia de los nuevos recortes previstos debido a la tremenda crisis económica por la que está atravesando el país, con la continuidad de los abusivos privilegios de los políticos. Todo ello unido a una serie de acontecimientos que están siendo noticia últimamente, me hace reflexionar, de nuevo, sobre la injusticia que continúa imperando en el ambiente.

 Mariano Rajoy (Chelsi - Fotos CCC)

Una noticia de la revista asturiana Atlántica XXI, me deja perpleja. Sabía que los privilegios era una cosa cierta y constatada; sabía que la igualdad que ampara la Constitución no existe como tal; sabía, o por lo menos intuía, que los ricos siempre serán ricos, pase lo que pase; sabía que el mayor esfuerzo en situaciones de crisis recaería en las clases medias y bajas, mientras los de mayor estatus continuarían con su alto nivel de vida. Sabía todo eso y algunas cosas más, pero esta noticia desbordó mi “desencantamiento” del mundo político, entre otras cosas.

Por lo visto, según el periodista Fernando Romero, autor del artículo sobre la noticia mencionada, el próximo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, capitanea el mayor grupo de presión de los registradores de la propiedad, consiguiéndolo por medio de unos privilegios que se remontan a la época franquista.

¿Y qué quiere decir todo esto?, ¿en qué nos repercute a los ciudadanos?, ¿esos privilegios en qué consisten?

El periodista recuerda como anécdota lo sucedido en el programa de TVE “Tengo una pregunta para usted” cuando una señora visiblemente nerviosa, le preguntaba al señor Rajoy cuánto ganaba, a lo que, y después de intentar darse tiempo para pensar la respuesta haciendo repetir la pregunta, le contestó “bastante más que usted”.

La respuesta que no dio el señor Rajoy es, dando una estimación a la baja, un millón de euros al año, por su actividad política y por su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola, según el citado artículo.

Ingresos que se desglosan de la siguiente manera: 72.000 euros como diputado; 100.000 en concepto de dietas y gastos, y 20 millones de euros desde 1981 por su plaza de registrador en Santa Pola, de la que lleva 20 años excedente, según datos de la Asociación de Usuarios de Registros.

Parece ser que Rajoy nombró registrador permanente accidental de Santa Pola, a un amigo y compañero de promoción, Francisco Riquelme, con el que se reparte el 50% de las ganancias de una plaza que no sale a concurso.

Este inaudito privilegio y único en el mundo, como indica la Asociación de Usuarios de Registros, fue un logro de Mariano Rajoy en su época de ministro, debido a que se acogió a una norma del Colegio de Registradores, que permite designar como interino a un compañero y repartirse con él el 50% de los ingresos sin que la plaza salga a concurso. Estas ganancias que se lleva el señor Rajoy se justifican como cuota colegial, pero en opinión de la asociación mencionada, “es una falsa cuota que compone un inevitable rosario de fraude fiscal”.

Todo esto unido a la situación ya privilegiada que ostentan los registradores, debido a una norma preconstitucional que sigue en vigor gracias a Rajoy y su lobby. Norma que permite a unos funcionarios públicos percibir, por la prestación de un servicio público en régimen de monopolio (un privilegio en toda regla) sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos (son los únicos funcionarios que expiden factura con IVA de sus servicios), convierten la situación en un grave atentado contra derechos fundamentales de los ciudadanos.

Estas cuestionas han sido denunciadas públicamente por la Asociación de Usuarios de Registros, que dirige el notario Javier Martínez del Moral. Para quienes, el señor Rajoy ha querido hacer política sin renunciar a percibir el beneficio económico de un Registro de la Propiedad, que además con la crisis económica cada día da más beneficios, ya que todo pasa obligatoriamente por el Registro: masivas certificaciones y notas para los acreedores; ejecuciones de hipotecas por impago; novaciones de préstamos; embargos de todo tipo, etcétera.

El presidente de la CEOE vuelve a la carga contra los funcionarios

Al mismo tiempo, se leen o escuchan noticias sobre algunas medidas contra la crisis, en las que, por supuesto, ni mencionan estos u otros privilegios que existen y, en cambio, piden con urgencia el despido de funcionarios, la rebaja de sus sueldos y  la supresión de una de sus pagas extraordinarias, como propone la CEOE.

¿Sabrán estos “pobrecitos” altos empresarios, que muchos funcionarios apenas pasan de los mil euros al mes?, ¿qué las pagas no las cobran enteras?, ¿qué todo el dinero que cobran es absolutamente oficial? Esto último, a diferencia de un gran número de empresarios, en los que trabajar con cifras “B” es algo común.

 ¿Qué el número de empleados públicos en España está muy por debajo de las cifras de los países europeos? ¿Serán conscientes de las brutales pérdidas de poder adquisitivo y recortes salariales en los últimos años que están soportando los funcionarios? ¿Recordará el señor Rosell, los cientos de millones en forma de subvenciones que se lleva la CEOE que preside y que pagamos todos, incluidos los funcionarios?

Manifestación de indignados (@ Tchaky's)

¿Abuso de poder? ¿Injusticias?

Al mismo tiempo nos llegan noticias como las de un familiar de la casa real que, utilizando como tapadera una fundación sin ánimo de lucro, supuestamente, se lucró y bastante. La del juicio por el caso Gurtel en el que, parece ser, nadie conocía al señor Correa, y resulta que se llevó contratos millonarios de la Administración valenciana de forma algo dudosa, según muestra la serie de informaciones recibidas de la prensa desde que saltó la noticia.

O la que anuncia una querella de los oficiales de la Guardia Civil, por malversación de fondos públicos contra la Dirección del Cuerpo, por los pagos astronómicos que se han hecho en concepto de limpieza en las residencias oficiales de los altos mandos, una media de 500.000 euros al año, desde 2009.

Teniendo en cuenta que el salario de la cúpula de la Guardia Civil oscila entre los 6.000 y 8.000 euros al mes y que sus gastos al año ascienden a 30.000 euros, cifra que no alcanza a lo que gana un guardia civil jugándose la vida en la calle, los que, además, tienen serias dificultades para llegar a fin de mes y para disponer de vivienda digna; la cuestión parece bastante grave.

Además de todo lo mencionado, es un hecho la cantidad de privilegios y desigualdades que siguen ocurriendo en España en plena crisis económica, mientras se anuncian los terribles recortes que van a tener lugar, lo que nos tememos correrán a cargo de los de siempre.

Ante estas cosas una no puede más que indignarse, cabrearse y encontrarse impotente ante una situación que encuentra totalmente injusta.