Reforma de la Constitución Española

LOLA SANCHO CABRERA

Límite a la deuda pública y pago prioritario de esa deuda. Estos dos puntos parecen ser los más importantes, entre todos los que se pretenden para reformar la Constitución Española. La autorización por ley para emitir deuda pública no es ninguna novedad, ya que antes de esta propuesta ya era preceptiva, lo diferente es que ahora le quieren dar prioridad absoluta.

El punto 3, del artículo 135 de la Constitución dice, entre otras cuestiones “El Estado y las Comunidad Autónomas habrán de estar autorizadas por la ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta…”

¿Qué significa todo esto?, pues sin expertos en economía que nos digan otra cosa, parece entenderse a priori, que el gobierno, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda e intereses pendientes, no podrá realizar ningún pago. Y todo esto, ¿qué puede acarrear?, pues nada más y nada menos, que se dejen de pagar las facturas a empresas, las prestaciones de desempleo, las nominas de los funcionarios, pensiones…así hasta el infinito y más allá, o sea dejarían de pagar todo. Mientras tanto, los bancos y cajas, parece ser que estarán en una situación privilegiada, ya que con esta reforma de la Constitución Española, tendrán aún más poder del que poseen actualmente. Este último comentario, sí con referencias de expertos economistas.

Además, todo esto traerá consigo una limitación en nuestra capacidad de inversión, lo que acarreará unas consecuencias graves para nuestra economía, ya que la posibilidad de endeudarse (no hablando a nivel de una economía pequeña como la familiar, sino la de todo un país), ayuda a crear riqueza y abre la posibilidad de salir de la crisis.

A pesar del pacto PP PSOE, la realidad, según multitud de economistas, y además muy lógica, es que lo que se requiere es más gasto público para poder recuperar ingresos y hacer crecer la economía.

Esta teoría es propuesta por diversos economistas, que lo proponen como salida a la crisis, en lo que se denomina “multiplicador keynesiano”. Ahora bien, no cualquier gasto público, hay que planificar un programa que no implique ni facilite los casos de corrupción y de privilegios de algunos políticos.

Por tanto la propuesta del gobierno y la oposición, aparentemente puede resultar más perjudicial que beneficiosa para la mayoría de los ciudadanos, eso sí, muy buena para los bancos y empresas privadas que probablemente tomarán las riendas en sanidad, educación y servicios de dependencia, al no poder hacer frente el gobierno por falta de financiación.

Puede ser que existan razones de peso que hagan imprescindible esta medida, o incluso, como se dice, que se le haya impuesto al gobierno español por autoridades comunitarias. Independientemente del porqué de esta reforma, lo que sí parece presuponerse de todo este “tinglado” es que el resultado final no parece, con las expectativas que escuchamos de referencias economistas, que vaya a ser ningún “chollo” para los ciudadanos corrientes, los que tendremos que seguir a expensas de los bancos.

En todo caso, parece ser que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, se han comprometido a que se apruebe antes de finalizar el año. Todo ello, sin que los ciudadanos tengamos nada que opinar ni decir, utilizando una absurda urgencia para justificarlo, algo que no se ve del todo claro.

 (Artículo de Lola Sancho, publicado en la revista "La Tribuna de Opinión" del mes de octubre 2011)  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youkioske.com%2Fotros-magazines%2Fla-tribuna-de-opinion-octubre-2011-la-revista-en-la-que-tu-puedes-opinar-%2F&h=cAQBtlykT